Con motivo del decremento efectivo del  valor “REAL” de los bienes inmuebles, puesto de manifiesto  en los últimos años, por razón de la crisis económica, se ha reabierto el debate en torno al devengo del IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA.

Los Ayuntamientos, reacios a prescindir de los ingresos que este impuesto les supone,  mantienen una posición férrea en su  defensa, alegando, en apoyo de sus tesis, el artículo 107 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas locales, que siempre conduce a  la existencia de un incremento en el valor de los terrenos.

Pero frente a esta postura  recaudatoria, hay otra, la de los Tribunales, que, en varias sentencias y especialmente, una del T.S.J de Cataluña de 18 de julio de 2.013, desarrollan la tesis de que el devengo del impuesto SOLO SE PRODUCIRA si efectivamente hay un AUMENTO REAL del valor de los terrenos, puesto de manifiesto con motivo de la transmisión,  Y CON INDEPENDENCIA de los resultados que se obtengan como consecuencia  de los cálculos previstos en el artículo 107 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas locales, que parte del supuesto de que en toda transmisión de los terrenos sujetos al Impuesto ha habido un incremento de valor, que se calcula mediante la aplicación de unos porcentajes anuales sobre el valor catastral fijado en el momento del devengo, esto es, de la transmisión. Este escenario trae causa de que  el legislador de 1988 se limitó a elevar a modelo para todos los Ayuntamientos de España la solución que había adoptado el Ayuntamiento de Madrid por razones de equidad y para hacer frente a la situación resultante de unos valores iniciales muy alejados de la realidad y unos valores finales muy próximos a ella. Y se partió para ello del axioma del continuado incremento de valor de los terrenos, cierto durante décadas, pero que ha quedado dramáticamente truncado en los últimos años, como es notorio, dando lugar a la actual y conocida situación.

En conclusión, pues, y en aplicación de tales tesis jurisprudenciales, la ausencia objetiva de incremento del valor dará lugar a la no sujeción al impuesto, simplemente como consecuencia de la no realización del hecho imponible, pues la contradicción legal no puede ni debe resolverse a favor del “método de cálculo” y en detrimento de la realidad económica, pues ello supondría desconocer los principios de equidad, justicia y capacidad económica.

Las mismas conclusiones han de aplicarse cuando sí ha existido incremento de valor, pero la cuantía de éste es probadamente inferior a la resultante de aplicación de dicho método de cálculo, al infringirse los mismos principios.

Estas conclusiones, han de considerarse incuestionables en el momento actual, a la vista de la realidad económica citada. De esta forma, de ser la de la ficción jurídica la única interpretación posible del art. 107 LHL, éste habría de considerarse inconstitucional, pero como consecuencia de la obligación de los Jueces y Tribunales, contenida en el art.5.3 de la L.O.P.J., de acomodar la interpretación de las normas a los mandatos constitucionales, ha de entenderse que las reglas del apartado 2 del art. 107 son subsidiarias del principio contenido en el apartado 1 sobre el incremento (antes “real” y ahora “incremento” a secas, lo que no quiere decir que haya de ser irreal o ficticio).

Y las consecuencias de este razonamiento, no pueden ser otras que las siguientes:

1.ª) Cuando se acredite y pruebe que en el caso concreto no ha existido, en términos económicos y reales incremento alguno, no tendrá lugar el presupuesto de hecho fijado por la ley para configurar el tributo (art. 104.1 LHL), y éste no podrá exigirse, por más que la aplicación de las reglas del art. 107.2 siempre produzca la existencia de teóricos incrementos.

2.ª) De la misma forma, la base imponible está constituida por el incremento del valor de los terrenos, el cual ha de prevalecer sobre lo que resulte de la aplicación de las reglas del art. 107.  Por tanto, seguirá siendo de aplicación toda la jurisprudencia anterior sobre la prevalencia de los valores reales, pudiendo acudirse incluso a la tasación pericial contradictoria, en los casos en los que se pretenda la inexistencia de incremento o, en su caso, de valor inferior al que resulte de la aplicación del cuadro de porcentajes del art. 107. En esta hipótesis, la base imponible habrá de ser la cuantía de tal incremento probado, sin que sea admisible acudir a fórmulas híbridas o mixtas, que pretendan aplicar parte de las reglas del art. 107 al incremento probado.

Dicho todo ello, desde el punto de vista práctico, al recibir el contribuyente la liquidación del impuesto, como consecuencia  de la transmisión, habrá que analizarla y relacionarla con la adquisición anterior y, caso de que NO HAYA EXISTIDO UN EFECTIVO INCREMENTO EN EL VALOR DE LOS TERRENOS, puesto de manifiesto con motivo de la transmisión, deberá formularse REPOSICION  contra la citada  liquidación, previa la interposición del correspondiente recurso, ante la Jurisdicción Contencioso administrativa.

Mercedes Regany Terradellas