El 80% de los desahucios en Madrid ya son por impago del alquiler

  • La comunidad tiene la mayor proporción de desahucios de no propietarios y la capital es la que más lanzamientos suma por este motivo desde 2013: más de 14.000
  • Los precios han crecido un 45% en cuatro años y las socimis han encontrado su nicho perfecto de negocio: concentran en la región casi la mitad de sus propiedades
  • “La gente que viene a pedir ayuda ya no tiene una deuda hipotecaria a cuestas pero el miedo es el mismo. Aquí no hay mucho que negociar, o pagas, o nada”, cuenta un abogado de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca
Madrid es la ciudad que acumula más desahucios por alquiler en toda España en los últimos cuatro años: 14.675, según datos del CGPJ. Le siguen Barcelona, Valencia, Palma de Mallorca y Zaragoza. Las cifras evidencian que el epicentro de este problema está en las ciudades, donde sus efectos son mayores cuantitativamente. Son los grandes partidos judiciales –ubicados en los municipios con más población– los que más demandas por impago de alquiler reciben. Los factores que explican que haya más demandas por impago del alquiler son la concentración de viviendas, por un lado, y la forma de tenencia, que también varía en función del territorio. Por ejemplo, ciudades de considerable tamaño como Málaga registran más desahucios por hipoteca que por alquiler (47,7% frente a 45,1%). La tendencia está instalada en todo el sur peninsular y en el litoral valenciano y murciano. En esta última zona resaltan por número Denia, Gandía o San Javier (en Murcia). Aquí la alta proporción de lanzamientos hipotecarios puede deberse a los desahucios de segunda vivienda vacacional al ser zonas de playa.

En Madrid, gran núcleo del problema, todos los caseros inflan los precios: los grandes y también los pequeños particulares, según los expertos. “Si a eso se suma que en un contexto como el español las personas que no tenían otra forma de acceso a la vivienda alquilaban y alquilan, tenemos un combo que hace de la población que vive en alquiler una población más vulnerable”, añade Rodríguez.

Hace siete años pagó Patricia la fianza de su piso. 670 euros. Ahora su nuevo casero, Vivenio, le pide más. “Si me quiero quedar tengo que igualar la fianza que pagué hace siete años con el nuevo precio que me imponen”, explica a eldiario.es. Su contrato termina el 31 de diciembre y aún tiene margen para decidir, pero a algunos de sus vecinos ya les ha llegado la temida fecha. “Siguen pagando lo que estaba estipulado en el anterior contrato pero ya están fuera de él. No se quieren negar a pagar así que van abonando lo que abonaban hasta ahora”, relata. De momento, asegura, no se han producido devoluciones de recibos ni tampoco denuncias. eldiario.es se ha puesto en contacto con Vivenio para este reportaje sin obtener por el momento respuesta.

“No es ilegal, pero es abusivo”

La desprotección de los inquilinos también se ha visto agravada en los últimos años por reformas jurídicas que han “liberalizado el sector de la vivienda en alquiler y acelerado los procesos judiciales”, alertaba Amnistía Internacional en un informe de 2017, que ponía la atención en la ausencia de medidas para combatir los desahucios por alquiler.

Por ejemplo, el cambio en la ley de Enjuiciamiento Civil ha recortado las posibilidades del inquilino de alegar durante el proceso, ha acortado a la mitad el tiempo con el que debe avisar el arrendador al arrendatario de que va a demandarle y ha reducido el plazo (de un mes a 10 días) que tienen las familias para pagar lo que deben o responder a la demanda. La Ley de Arrendamientos Urbanos, modificada en 2013 para “dinamizar el mercado del alquiler”, también ha generado más inseguridad al inquilino porque se reduce la duración de los alquileres de cinco a tres años, lo que obliga a la firma cada poco tiempo de un nuevo contrato. Y da barra libre (y legal) a los arrendadores para subir los precios.

Para la profesora Raquel Rodríguez, en España han confluido una suma de factores que “generan condiciones desfavorables en conjunto”. “El mercado de la vivienda hay que tomarlo en serio porque si tu contrato finaliza y pueden revisarte el precio al alza si nada que te diga lo máximo que puedes subir, estás vendido”, concluye. Como Patricia y sus vecinos. “Denunciar no sirve, esto no es ilegal, es abusivo. Así que solo nos queda la resistencia y la movilización social”.

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